Según Human Rigths Watch, jóvenes implicados en atrocidades en Liberia o Sierra Leona se unen a facciones armadas de Guinea o Costa de Marfil.

Miles de jóvenes y adolescentes africanos, muchos de ellos "curtidos" en conflictos civiles como los de Sierra Leona o Liberia e implicados en graves crímenes de guerra y contra la humanidad, están siendo reclutados como mercenarios para luchar en los enfrentamientos internos de otros países de la región, fundamentalmente Costa de Marfil y Guinea-Conakry, según afirmó Human Rights Watch (HRW) en un informe, en el que pidió que los esfuerzos internacionales para desarmar a estos jóvenes tengan en cuenta la necesidad de ofrecerles alternativas de vida distintas de la guerra.

La vida de estos "guerreros regionales" está descrita en 'Jóvenes, pobreza y sangre: la herencia mortal de los guerreros regionales de Africa del Oeste', un informe de 66 páginas elaborado por HRW a partir de entrevistas con cerca de 60 ex combatientes que consiguieron cruzar las fronteras para luchar en Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil y Guinea. El informe analiza también las bases de este fenómeno de "mercenariado transfronterizo" en Africa Occidental, que no son otros que la incapacidad de los programas de desarme y desmovilización, a causa de la corrupción de sus gestores, para asegurar a los antiguos niños soldados un medio de vida adecuada.

Desde los años ochenta, la impunidad y el empobrecimiento han alimentado un mecanismo de violencia extrema en países como Liberia, Sierra Leona o Costa de Marfil, recuerda la organización. En numerosos casos, estos combatientes, la mayoría de los cuales comenzaron su "carrera militar" cuando aún eran niños reclutados a la fuerza, siguen alistándose para participar, como mercenarios, en los numerosos conflictos que asolan la región.

Muchos de ellos cometen, de inmediato, crímenes de guerra y contra la Humanidad contra las poblaciones civiles, mientras que "los políticos del gobierno, corruptos y represivos, y los mercaderes de armas que inundan la región con sus productos generan nuevos conflictos internos", asevera Human Rights Watch.

"Acabar con el ciclo de atrocidades en Africa Occidental depende del desarme de estos combatientes, de su desmovilización y de que se les ofrezcan otras opciones diferentes de la guerra", afirmó el director de la división de Africa de Human Rights Watch, Peter Takirambudde.

Este año, más de dos tercios de los antiguos combatientes interrogados por Human Rights Watch declararon que habían sido reclamados para unirse a "misiones" de combate en Guinea y en Costa de Marfil. Entre los que se reclutaron para luchar en Guinea, la mitad afirmaron que fueron llamados por comandantes que aseguraban representar a un grupo insurgente en curso de formación. La otra mitad fue contactada por comandantes que aseguraban luchar en favor del presidente del país, Lansana Conté.

El pasado mes de marzo, una misión de Human Rights Watch en Liberia comprobó que cientos de liberianos recientemente desmovilizados, entre los que había niños, habían sido reclutados de nuevo desde octubre de 2004 para combatir en Costa de Marfil. Los interrogados en el sudeste de Liberia explicaron que se habían unido a las milicias asociadas al gobierno marfileño.

Víctimas y verdugos

Según la organización, estos jóvenes combatientes son, a la vez, víctimas y autores de violaciones de los derechos humanos. La historia de estos niños soldados comienza, según el informe, con su reclutamiento forzado, tras el cual se encuentran ante un mundo brutal, con problemas psicológicos, trabajos forzados y consumo de drogas, que los convierte en guerreros dispuestos a violar, secuestrar, mutilar y matar a civiles.

Los interrogados por Human Rights Watch habían combatido en las filas de grupos tales como el Frente Nacional Patriótico de Liberia (NPFL) y el Frente Unido Revolucionario de Sierra Leona (RUF). Pese a que estos movimientos son responsables de asesinatos, violaciones y mutilaciones de decenas de miles de civiles, los autores de estos hechos se han beneficiado de una "total impunidad", denuncia el informe. Todos los combatientes interrogados para elaborar el informe aseguraron que habían luchado en las filas de facciones que, en diversos grados, cometieron graves violaciones de los derechos humanos contra civiles, frecuentemente a gran escala y de forma sistemática.

Tras su desmovilización, todos los jóvenes interrogados se encontraron sin trabajo o viviendo en condiciones económicas precarias, lo que los convirtió en "carne de cañón" para nuevos conflictos en otros países.

Para convencerlos de que volvieran a las armas se les prometió que recibirían compensaciones económicas y que se les permitiría dedicarse al pillaje. "Pensaba que las cosas irían bien, pero todo siguió mal. No tenía qué comer", explicó uno de los jóvenes, combatiente en varias guerras. "Debía alimentar a mis padres. Los comandantes me dijeron que podía pagarme yo mismo, lo que quiere decir que podía robar", añadió.

La mayoría de los interrogados recibió al menos una parte de las compensaciones financieras ofrecidas para su reclutamiento. Todos participaron en saqueos y pillajes de bienes civiles, lo que constituye un crimen de guerra. La mayoría explicó que utilizó el dinero para pagarse una casa, los gastos de escolarización, los gastos médicos para sus amplias familias o para montar un pequeño negocio.

"El hecho de que la guerra se haya convertido en la única salida económica para miles de jóvenes pone en evidencia las graves negligencias de los gobiernos de sus países", denunció Takirambudde.

Los programas de desarme

Por ello, Human Rights Watch considera que los esfuerzos internacionales para desarmar a los antiguos combatientes y reintegrarlos en sus comunidades de origen no han sido más que "un éxito limitado".

Al respecto, el informe pone en evidencia los problemas a que se han tenido que enfrentar los programas de desarme, desmovilización y reintegración de Naciones Unidas para los casos de Sierra Leona y Liberia. Asimismo, denuncia la corrupción de los comandantes militares y de los responsables de los programas de desarme, "que han desviado en su provecho fondos destinados a sus subordinados".

Según los jóvenes interrogados, los programas carecen de procedimientos adecuados para registrar las denuncias por corrupción, e incluso aseguraron que los defectos en la aplicación de estos programas han influido en su decisión de retomar las armas en otros conflictos.

El informe denuncia también la "grave falta de fondos" para el programa liberiano de desarme, que ha dejado a cerca de 40.000 combatientes expuestos al riesgo de no poder beneficiarse de los programas de formación y educación, lo que los vuelve "aún más vulnerables a nuevos reclutamientos en futuros conflictos".