Ahora que ya han sido liberados los tripulantes españoles del Playa de Bakio, secuestrado en unas aguas al parecer internacionales, pero cuya faena no se especifica dónde se produjo, puede hablarse de la verdadera piratería sin temor a caer en el anatema más nefasto.

El asunto de la piratería es antiguo y su utilización como excusa para la invasión es tan antigua como su existencia. Por ejemplo, en 123 antes de la era normativa occidental (a.C.), la orden dada por el Senado romano a Quinto Cecilio Metelo para acabar con la piratería en el Mediterráneo Occidental, culmina en la conquista de las Islas Baleares.

Estrabón describe la cuestión en los siguientes términos: …Por la fertilidad de la tierra los habitantes (de Baleares) son pacíficos, lo mismo que los de Ebusus (Ibiza). Pero cuando unos pocos malvados se juntaron con los piratas del mar, todos cobraron mala fama y Metelo el Baleárico pasó a ellas y fundó allí las ciudades. A causa de esta misma fertilidad fueron atacados, a pesar de que eran pacíficos. Huelga decir que "pasó a ellas y fundó sus ciudades" hace referencia a la conquista y colonización de las islas y a la masacre y esclavización de sus habitantes más díscolos.

El caso Ponant a la luz del derecho internacional

El yate francés Ponant, en el que viajaban 30 pasajeros, fue capturado el 4 de abril por la misma milicia marina que tomo el Playa de Bakio, y que hace gala de un código ético de los mares al menos más humanitario que el norteamericano en Guantánamo.

Entonces se exigió más de 2 millones de dólares de rescate que fueron parcialmente pagados, frente a los 1,2 millones del atunero español asaltado el 20 de abril y liberado el 26 y que podrían también haber sido pagados a través de un bufete mediador ubicado en Londres.

En su momento, la respuesta francesa al asalto del Ponant fue una ilegalidad propia de un Cónsul romano plenipotenciario en barbarie y que en cualquier país del mundo hubiera supuesto un serio incidente diplomático, si no una evidente causa de guerra (recuérdese el reciente incidente entre Ecuador y Colombia).

La osada invasión de territorio somalí en una acción de fuerza para capturar a los asaltantes subvierte el Derecho Internacional, se mire como se mire.

Sin embargo los gobiernos ilegítimos de Somalia, el Gobierno federal de transición y la Alianza por la Liberación de Somalia, más que callar, consienten y aplauden, ya que sólo se sostienen porque Occidente lo quiere.

A Estados Unidos no le gustan los tribunales islámicos, el verdadero proceso de gobierno surgido de bases sociales somalíes, y le vendría muy bien vincularlos con un supuesto corsarismo.

No obstante, son estos tribunales los que, para tormento de la Administración de Bush, y con sus procedimientos cuestionables o no, prohibieron la piratería ya en 2006, circunstancia que obligó a los captores del atunero vasco a mantenerse a 160 kilómetros de la costa durante la detención, para evitar una posible expedición punitiva.

Sin embargo, el Ejecutivo español elevó a la Unión Europea la solicitud de implicación para la creación de una fuerza naval contundente y disuasoria contra la piratería en coordinación con la ONU y al margen de los tribunales somalíes.

Algunos interrogantes

El pensar panafricanista y africano-centrado permite formularse una serie de preguntas que desde Europa es difícil hacerse, dado el torrente de contrainformación circulante.

Sobre todo, a partir de las declaraciones del 22 de abril último de la parlamentaria vizcaína y representante de PSE-EE en la Comisión de Agricultura y Pesca del Parlamento Vasco, Idoia Mendía, quien ha afirmado que existe una prohibición expresa del gobierno español desde 2006 de pescar en aguas somalíes e incluso, que no existe ningún acuerdo bilateral entre España y Somalia por el que se pueda faenar en la zona, pues España ya no tiene potestad de firmar acuerdos bilaterales en materia de pesca, ya que ello es competencia de la Unión Europea.

Las preguntas que uno podría hacerse son: en el caso, al parecer hipotético, en que un barco extranjero robara pescado en aguas de jurisdicción somalí y ante la inexistencia de Estado legítimo uno decidiera inmovilizarlo y reclamar una cuota, ¿cómo debería denominarse su acción?

Otra pregunta, desde el pensamiento panafricanista, podría ser: ¿por qué, si los tribunales islámicos somalíes se manifiestan contra la denominada piratería en la propia Somalia, deben las Naciones Unidas o la Unión Europea armar una flota punitiva en lugar de dotar a dichos tribunales de ayudas para acabar con la misma?.

Atacados por fértiles

Las respuestas vienen dadas a la luz de la geoestrategia norteamericana que no quiere reforzar a los poderes islámicos en la zona, pero, sobre todo, a la luz de los datos económicos; y es que ya en 2005 una visita a Somalia de Ghanim Alnajjar, experto en derechos humanos de la ONU, lo llevó a estimar que la pesca extranjera ilegal en la costa somalí genera 300 millones de dólares anuales, mientras que actualmente la cifra podría acercarse a los 500 millones.

A este ingente producto del saqueo, cabría sumársele los miles de millones de dólares que pierden las arcas del maltrecho Estado somalí, por el tránsito descontrolado de buques petroleros, que para acceder al Mar Rojo y entrar por el Canal de Suez a Europa, deben por fuerza navegar o bien por aguas yemeníes, pagando los consiguientes cánones, o por aguas somalíes, de forma totalmente gratuita.

La verdadera piratería, la piratería económicamente significativa en aguas somalíes, la ejercen decenas de naciones, en su mayoría occidentales, con la complicidad del silencio culposo de los poderes internacionales y de la Unión Africana. Por eso, al hablar de piratas me gusta recordar la cita de Estrabón: A causa de esta misma fertilidad fueron atacados, a pesar de que eran pacíficos.

Paralelamente, organismos de defensa de los Derechos Humanos, hicieron público recientemente un informe en el que denuncia la grave crisis de derechos humanos que sufre la población en Somalia.

En Somalia, la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un fenómeno generalizado, y se destruyen vecindarios enteros, recoge el documento, que es contundente al afirmar que la situación de los derechos humanos y la humanitaria empeora día a día en Somalia.

Las organizaciones apelan también a la responsabilidad de la comunidad africana por no ejercer presión constante sobre el Gobierno Federal de Transición y el Gobierno etíope para que impidan a sus fuerzas armadas cometer violaciones atroces de derechos humanos.

El peligro en Somalia no estriba tan sólo en el riesgo de ser víctima de la piratería. Si no se refuerza la ayuda africana, el terrible conflicto somalí se recordará, para vergüenza del mundo, en la crisis de derrumbamiento del Estado más larga de la historia.