Juristas denuncian la violación de derechos de 8.000 presos palestinos en Israel
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) acaba de emitir un informe, que El Corresponsal reproduce íntegramente en exclusividad, sobre las condiciones de detención de 8.000 presos palestinos en manos de Israel. El documento es producto de una visita reciente de delegados de la entidad en la región. La entidad denuncia que los jueces militares israelíes pueden ejercer una gran discrecionalidad para retener personas sin imputarles ningún delito y sentenciarlos sin las garantías del debido proceso. La ley les permite, por ejemplo, privar de la libertad a un palestino, sin atribuirle delito alguno, por un período que puede llegar a siete meses, mientras que a un israelí en la misma situación sólo puede mantenérselo detenido por un mes.
“La Asociación Americana de Juristas ha estado presente entre los días 5 y 8 de agosto de en El Cairo, donde se celebró una reunión internacional de juristas destinada a analizar la situación legal de los actuales 8000 presos palestinos en manos del Estado de Israel. Dicha ocasión, además, fue aprovechada para lanzar una campaña internacional que exige la inmediata liberación de los detenidos.
“La reunión fue convocada por la Asociación Internacional de Juristas Demócratas y por la Arab Lawyer Union, y abarcó también una reunión con el secretario general de la Liga Arabe, Amr Mousa. Durante su transcurso el secretario general expresó su solidaridad con los detenidos palestinos en manos del poder de ocupación israelí y anunció la creación de un comité oficial para seguir de cerca el juicio contra el líder palestino Marwan Barghouti.
“El comité de juristas brindó una conferencia de prensa poniendo en conocimiento de los medios de comunicación la particular situación de las 8000 personas detenidas por parte del Estado de Israel, así como el tratamiento ilegal que reciben y la victimización resultante. Se expresó entonces la necesidad de hacer un llamamiento a todos los juristas del mundo a sumarse a esta campañana y a exigir el cumplimiento de los instrumentos internacionales que imponen la obligación de respetar las reglas del debido proceso legal.
“Preocupa que jueces militares pueden ejercer una gran discrecionalidad para retener personas sin imputarles ningún delito, ni juzgarlos por largo tiempo, y luego también sentenciarlos sin las garantías del debido proceso. Prueba de ello resulta que los palestinos pueden ser detenidos hasta 18 días antes de ser llevados ante un juez, y pueden incluso ser privados de su libertad sin serle atribuído hecho delictivo alguno por un período inicial de 30 días. Término que puede ser extendido por un plazo máximo de 6 meses, y que contrasta con la suerte que puede correr, en cambio, un israelí en la misma situación. Este último sólo puede ser detenido sin imputación por un período inicial de 15 días, el que puede extenderse por un máximo de 15 más.
” Los prisioneros palestinos pueden también verse impedidos de tener contacto con sus abogados por un máximo de 90 días desde la fecha de detención por ‘razones de seguridad’. Ese plazo es de 15 días tratándose de personas de nacionalidad israelí. Los palestinos son, además, usualmente encerrados en confinamiento solitario durante este período inicial de detención.
” También se destacó la preocupación respecto del mantenimiento de los presos bajo un estricto régimen de incomunicación y su imposibilidad de acceder a sus abogados. En ese sentido, la Corte Suprema de Israel ha sostenido que los detenidos no tienen que ser informados sobre sus derechos durante los interrogatorios. El resultado es que la mayoría de aquellos desconocen que les asiste el derecho a permanecer en silencio y a no auto incriminarse.
” Tras ello el comité de juristas integrado por la jueza Claudia Morcom (USA) y los abogados Jeanne Mirer, Margaret Ratner Kunstler, Nancy Hormachea, Steven Golberg (todos ellos de los Estados Unidos) y Martín Lozada (de la Argentina), se trasladó a la ciudad de Jerusalén, lugar donde mantuvo entrevistas con una pluralidad de abogados palestinos e israelíes miembros de organizaciones pacifístas y de derechos humanos. Durante el transcurso de aquellas reuniones el comité profundizó su conocimiento sobre la situación legal de los detenidos.
“Entre los interlocutores presentes estuvieron varios miembros de la Palestinian Lawyers Association, así como uno de la Israeli Bar Association, el director general del Jerusalem Center of Human Rights y un miembro del Mandela Institute for Political Prisioners.
“Seguidamente, el comité visitó un establecimiento penitenciario en Jericó y mantuvo una extensa entrevista con el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), Ahmad Sa’adat, quien fue detenido el 15 de enero de 2002 por los servicios generales de información palestinos, tras imputarle la participación en el homicidio del ministro israelí de Turismo, Rehavam Ze’evi, en octubre del año pasado. Su caso resulta paradigmático respecto del estrangulamiento legal que sufre en pueblo palestino en la actualidad.
“A raíz de una petición elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Autoridad Palestina, que tiene su sede en Gaza, para que se dejara en libertad a Ahmad Sa’adat, se ordenó a los servicios generales de información palestinos que presentaran pruebas contra el detenido, pero no lo hicieron. Entonces, el 3 de junio, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que lo dejaran inmediatamente en libertad, ya que no se habían presentado cargos en su contra, ni había sido llevado ante un juez. Sin embargo, al día siguiente, el gobierno palestino declaró que, aunque respetaba la decisión del Tribunal, Ahmad Sa’adat no debía ser puesto en libertad dado que los israelíes habían amenazado con asesinarlo.
“Dicha amenaza había tenido origen, aparentemente, en unas declaraciones de Ra’anan Gissin, vocero del gobierno israelí, que había advertido: ‘Si no es puesto en manos de la justicia, seremos nosotros quienes hagamos justicia con él. No se puede dejar libres a los asesinos.’ En este sentido vale destacar que la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) ha ejecutado extrajudicialmente a palestinos sospechosos de atacar a israelíes, y el 27 de agosto de 2001 mató en Ramallah a Mustafa Zabri (Abu ‘Ali Mustafa), el anterior secretario general del FPLP, lanzando un misil contra él desde un helicóptero Apache.
“Las presiones que en el ámbito legal ejerce el gobierno de Israel sobre la Autoridad Palestina resultan también ilustradas por la situación sufrida por Basel al-Asmar, ‘Ahed Abu Ghalma, Majdi al-Rimawi y Hamdi Qar’an, acusados también del homicidio de Rehavam Ze’evi, y Fuad Shubaki, detenido sin cargos ni juicio en relación con la presunta utilización del barco Karine A para transportar armas a Gaza. Con todos ellos se mantuvo una entrevista en sus respectivos lugares de detención.
“Pudimos interiorizarnos así que el 29 de marzo pasado, en ocasión en que se encontraban aquellos en el interior de las oficinas del presidente Arafat, fueron atacadas por la FDI, permaneciendo sitiadas durante un mes. Durante dicho período los cuatro individuos acusados del asesinato de Rehavam Ze’evi fueron allí juzgados por un tribunal especial que, tras un procedimiento manifiestamente arbitrario e injusto, les impuso penas de hasta 18 años de prisión. Una de las condiciones impuestas por Israel para levantar el sitio era que les fueran entregados los seis detenidos. Y así se hizo el 1 de mayo en virtud de un trato por el que se dispuso que fueran trasladados a Jericó, donde continúan recluidos bajo la vigilancia de observadores británicos y norteamericanos.
“Entre las concluciones a las que arribó el comité de juristas se encuentran, en primer término, que los habitantes de la franja oriental y de Gaza son personas protegidas por la cuarta Convención de Ginebra y por todos los derechos que de allí emanan. Por lo tanto, los arrestos masivos que sufren actualmente los palestinos representan una violación a la prohibición de aplicar castigos y sanciones de carácter coletivo. En otras palabras, el castigo sólo es posible de ser aplicado como consecuencia de actos cometidos por personas individuales, y tras un procedimiento muy puntual que comprende, por supuesto, la posibilidad de ejercer la defensa legal del acusado. Los castigos no pueden recaer en forma genérica contra un pueblo o colectivo de personas sólo por cuestiones de pertenencia.
“Pero también se viola, entre otros muchos, el artículo 9 del Pacto de Derechos Políticos y Civiles, ratificado oportunamente por Israel. El mismo obliga a no realizar arrestos o detenciones arbitrarias, y en caso de que efectivamente se prive a alguna persona de su libertad, pues entonces impone la obligación de comunicarle los motivos legales que fundan la misma. Nada de esto sucede, muy lamentablemente, en la actualidad.
“El comité corroboró, además, las grandes dificultades que afrontan los abogados que pretenden ejercer la defensa de los palestinos privados de su libertad. Entre otras, se destaca la utilización por parte de los tribunales militares de una serie de ‘archivos secretos’ que son frecuentemente utilizados como elementos de cargo contra los acusados, sin siquiera ser controlados o puestos en conocimiento de la defensa.
“Por último, se establecieron mecanismos de consulta entre los miembros del comité y las organizaciones de defensa de los derechos de los detenidos, en miras a realizar contribuciones que permitan mejorar la defensa legal de aquéllos y, simultáneamente, dar a conocer alrededor del mundo la trágica situación que experimentan en la actualidad.”
Firman el documento, por la AAJ, la doctora Cléa Carpi da Rocha (Brasil) y el doctor Martín Lozada (Argentina).