El juicio a Saddam: el movimiento contra la guerra debe rechazar la ‘justicia’ colonial
Dejando de lado el amplio espectro de los puntos de vista políticos sobre el carácter del gobierno de Saddam Hussein, es esencial oponerse a esta justificación norteamericana de la guerra. Callar a este respecto es dar credibilidad al falso tribunal creado por los Estados Unidos en el inmenso centro de mando [en Bagdad] llamado la “Zona Verde”. El gobierno norteamericano no tiene derecho a tener un solo soldado en Irak. No tiene derecho a bombardear, sancionar o matar de hambre al pueblo iraquí. No tiene derecho a imponer un gobierno colonial o a establecer tribunales en Irak. Tampoco tiene más derecho a decidir el destino de Saddam Hussein del que tiene a decidir sobre el control del petróleo y los recursos de Irak. Por Sara Flounders El juicio a Saddam Hussein, que se abrió con una gran publicidad internacional, es un intento desesperado de justificar y conferir alguna legitimidad a la criminal invasión y ocupación norteamericana de Irak. Es un intento de desmoralizar y dividir a la resistencia a la ocupación. No tiene nada que ver con la justicia o la verdad. Todas las fuerzas políticas internacionales que se han opuesto a la guerra norteamericana contra Irak desde hace 15 años -período que ha incluido sanciones que han causado hambre, bombardeos e invasión- también deben oponerse a los intentos de justificar el mantenimiento de la ocupación, incluyendo el actual juicio a ex dirigente iraquí y a siete miembros de su gobierno. Dejando de lado el amplio espectro de los puntos de vista políticos sobre el carácter del gobierno de Saddam Hussein, es esencial oponerse a esta justificación norteamericana de la guerra. Callar a este respecto es dar credibilidad al falso tribunal creado por los Estados Unidos en el inmenso centro de mando [en Bagdad] llamado la “Zona Verde”. El gobierno norteamericano no tiene derecho a tener un solo soldado en Irak. No tiene derecho a bombardear, sancionar o matar de hambre al pueblo iraquí. No tiene derecho a imponer un gobierno colonial o a establecer tribunales en Irak. Tampoco tiene más derecho a decidir el destino de Saddam Hussein del que tiene a decidir sobre el control del petróleo y los recursos de Irak. Una guerra de agresión ilegal La detención de Saddam Hussein y de las personas acusadas con él, junto con la de cientos de miles de otros iraquíes, se basa en una criminal e ilegal guerra de agresión. El Tribunal Especial Iraquí y el juicio a Saddam Hussein violan también el Derecho Internacional. La Convención de Ginebra, de la que Washington es signatario, prohíbe explícitamente a un poder ocupante crear tribunales. Además, el juicio en sí, junto con el total aislamiento de los acusados y la denegación de recibir cualquier tipo de vista y de derecho legal viola la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Los abogados defensores que se han ofrecido [para efectuar dicha defensa] han sido amenazados e intimidados. Dos abogados del equipo de la defensa han sido asesinados. Hoy en Irak no existe sistema judicial. No existen códigos ni leyes ni tribunales. Sigue sin haber un acuerdo sobre la Constitución. Toda la estructura del Estado iraquí ha sido destruida. En su lugar lo único que hay es la más brutal forma de absoluta dominación militar. Desde el mismo momento de su formación el Tribunal Especial Iraquí ha sido ilegal. Es una creación del norteamericano L. Paul Bremer III, ex jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición, el poder ocupante ilegal. En un primer momento Bremer nombró a Salem Chalabi, el sobrino del viceprimer ministro iraquí, Ahmad Chalabi, para organizar y dirigir el tribunal. Ayudado por los tanques norteamericanos Chalabi había vuelto a Irak desde el exilio en abril de 2003. Abrió un bufete jurídico para hacer el borrador de las nuevas leyes que han vuelto a abrir a Irak al capital extranjero, en colaboración con la empresa jurídica del ex subsecretario de Defensa Douglas Feith, un especulador gracias a la guerra, un ideólogo del conciliábulo de Bush, Cheney, Rumsfeld, y principal arquitecto de la guerra. Bremer también nombró a los jueces del tribunal. El dinero para financiarlo y el personal están completamente controlados por las fuerzas norteamericanas. El Congreso estadounidense ha destinado 128 millones de dólares para establecer el tribunal. El tribunal, por supuesto, no tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos por el ejército norteamericano durante la invasión y ocupación. El papel de la demonización El juicio que está actualmente en marcha forma parte del constante intento de los Estados Unidos de demonizar completamente a Saddam Hussein. Esto ha sido un aspecto fundamental de los 15 años de guerra contra Irak. La propaganda norteamericana ha descrito sin descanso a Saddam Hussein como un perverso demente, un dictador brutal y una amenaza para todo el planeta capaz de atacar con armas nucleares, químicas o biológicas en cuestión de minutos. Fue acusado de estar implicado en el 11 de Septiembre y de estar aliado con Al-Qaeda. Tanto los republicanos como los demócratas sabían que esto era falso. Las bombas norteamericanas habían destruido toda la capacidad industrial iraquí. Pero ningún político quería desafiar la demonización. Cada una de las guerra emprendidas por los Estados Unidos contra pueblos y naciones oprimidos ha empezado con una saturación de toda la población civil con propaganda de guerra para demonizar al dirigente de la población que era su objetivo de tal modo que cualquier crimen para conseguirlo era considerado aceptable e incuestionable. Esto ha sido así desde las guerras contra las poblaciones indígenas y la demonización de Toro Sentado, Caballo Loco, Jerónimo y muchos otros dirigentes indígenas hasta los dirigentes de cada lucha progresista o revolucionaria en los últimos 50 años. No importa lo moderado o comprometido con la no violencia que sea el dirigente. Tomemos el caso del secuestrado ex sacerdote y presidente Jean-Bertrand Aristide de Haití, que fue acusado de corrupción, tráfico de droga y de grupo violento. Hoy en día los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Mahmoud Ahmadinejad, de Irán, son retratados cada vez más como dementes, dictadores y como la encarnación del mal. Desde los días del Imperio Romano la justicia del vencedor ha significado humillación, degradación y situar al dirigente derrotado en el banquillo para establecer un nuevo orden. Esto esconde la brutalidad de la fuerza abrumadora y da legitimidad a los nuevos dirigentes. Los juicios de Denmark Vesey y Nat Turner en el sur prebélico de los Estados Unidos fueron la excusa de los propietarios de esclavos de encubrir la violencia y degradante brutalidad de la esclavitud en derechos de propiedad divinos. El secuestro y juicio del presiente de Yugoslavia Slodoban Milosevic, después de los 78 días de bombardeo de los Estados Unidos y de la OTAN sobre Yugoslavia, durante los que murieron cientos de civiles, fue un caso similar de justicia del vencedor. EEUU y las armas de destrucción masiva Mientras Estados Unidos demoniza a Saddam Hussein, hay que recordar que el Pentágono ha utilizado armas de destrucción masiva no sólo en Irak sino también contra otra muchas poblaciones indefensas, desde Corea y Filipinas hasta Vietnam, Laos, Camboya, Nicaragua, Granada, Libia, Líbano y Yugoslavia. La maquinaria militar norteamericana, que debería ser llevada a juicio por haber utilizado las armas más espantosas, desde bombas nucleares hasta napalm, fósforo blanco, minas anti-persona, lo denominados proyectiles anti-bunker y armas de uranio empobrecido. La destrucción civil en Irak fue fotografiada, calculada y estudiada. Se atacó de manera minuciosa la infraestructura. Fueron bombardeados depósitos de agua, plantas sanitarias y de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo de agua y de cloración. Se destruyeron las redes eléctricas y de comunicaciones. Se atacó la producción de alimentos, sistemas de irrigación, fertilizantes y pesticidas para procesar, refrigerar y almacenar. En los bombardeos de 1991 murieron más de 150.000 iraquíes. Y 156 soldados norteamericanos. Año tras año las delegaciones extranjeras que habían estado en Irak, incluyendo muchas organizadas por el International Action Center (IAC) y dirigidas por el ex fiscal general de los Estados Unidos Ramsey Clark, informaron sobre el impacto de los bombardeos norteamericanos de 1991 y de los años de sanciones impuestas por la ONU. Las sanciones crearon un hambre artificial. Se prohibió la importación de alimentos, medicinas y necesidades civiles. Según cálculos de las propias Naciones Unidas, más de un millón y medio de iraquíes murieron a causa de enfermedades evitables. Medio millón de niños menores de cinco años murieron entre 1991 y 1996. Tanto las sanciones como los bombardeos empezaron bajo George H. W. Bush [padre] y continuaron durante los ocho años de la administración de Clinton. Los bombardeos norteamericanos continuaron con un promedio de 25 ataques por día durante 12 años. Como asesor legal de Saddam Hussein, Ramsey Clark, fundador del IAC, ha desafiado valerosamente la legitimidad y legalidad del Tribunal Especial Iraquí. Abogado defensor de los derechos humanos, su postura es completamente consecuente con los 15 años de oposición a la guerra norteamericana contra Irak -desde su visita a Irak en 1991, cuando Estados Unidos estuvo bombardeando cada 30 segundos durante 42 días, hasta los 12 años de sanciones causantes de hambruna y su oposición a la invasión de 2003. Esta postura es consecuente con su oposición básica a las guerras norteamericanas e intervenciones en Vietnam, Nicaragua, Granada, Irán, Libia, Líbano y Panamá. Alzarse contra la demonización forma parte del alzarse contra la guerra y su máquina de propaganda. El objetivo es la soberanía iraquí Los agentes del imperialismo norteamericano han establecido una dictadura brutal y corrupta, y han entrenado y establecido el control militar de un rincón a otro del planeta, desde Indonesia hasta Chile y Congo. Su problema con Saddam Hussein no es que fuera un dictador: era que se negó a entregar la soberanía de Irak. Se negó a entregar a las empresas norteamericanas el control sobre el petróleo iraquí, nacionalizado desde principios de los años sesenta. Para ellos su peor crimen fue que se negó a doblegarse al “nuevo orden mundial”. Quienes deberían ser llevados a juicio por crímenes contra la humanidad son Bush, Cheney, Rumsfeld y Blair. El movimiento mundial que se opone a la ocupación norteamericana de Irak debe considerar seriamente su obligación de oponerse a cada aspecto de la guerra, especialmente los falsos tribunales y las elecciones programadas cuyo objetivo es legitimar la ocupación y legalizar su piratería. En el llamamiento a la vuelta inmediata de las tropas norteamericanas está implícita la denuncia de todo el proceso de colonización. Esto significa la cancelación de los contratos de las empresas norteamericanas que han privatizado y saqueado los recursos iraquíes, el cierre de los cientos de bases [militares] y miles de controles norteamericanos, la cancelación de las misiones de “búsqueda y destrucción” y el cierre de las prisiones secretas donde miles de iraquíes son torturados y humillados. E, igualmente, la disolución de los tribunales ilegales creados por los Estados Unidos. La fuente: Sara Flounders es codirectora de ‘International Action Center’. Ha publicado cinco libros sobre Irak y coordinado varias delegaciones, encabezadas por Ramsey Clark, que visitaron Irak para desafiar los bombardeos y sanciones. Ramsey Clark, ex fiscal general de los Estados Unidos, es presidente del IAC y uno de los miembros del equipo de abogados de la defensa en el juicio a Saddam Hussein. La traducción del inglés pertenece a Beatriz Morales para IraqSolidaridad.