En Nigeria, una adolescente fue azotada por tener relaciones prematrimoniales
DATOS DEL PAIS En un Estado del norte del país que ha adoptado la ley islámica (sharia), una joven de entre 14 y 17 años que había quedado embarazada luego de haber sido forzada a mantener relaciones sexuales, fue castigada con 100 latigazos. La condena dividió a la opinión pública, atemorizó a la población no musulmana y provocó el rechazo unánime de las organizaciones de derechos humanos.
Por María Masquelet
Bariya Magazu y su bebe 
En un caso que dividió a la opinión pública nigeriana y que generó la condena unánime de distintas organizaciones de derechos humanos, una madre adolescente fue sometida al castigo de 100 latigazos en el Estado de Zamfara, en el norte de Nigeria.
Bariya Ibrahim Magazu, que tiene entre 14 y 17 años (ella misma ignora su edad), fue sentenciada en septiembre último a recibir 100 latigazos por haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. En el juicio, ella dio los nombres de tres hombres mayores y casados con los que habría tenido relaciones sexuales forzada por su padre a cambio de dinero. Los tres negaron haber tenido relaciones sexuales con ella (el adulterio está castigado con la pena de muerte), de modo que la joven fue condenada a 80 latigazos más por falso testimonio.
El cumplimiento de la condena se pospuso hasta 40 días después del parto. Cuando éste se produjo, a mediados de diciembre, los grupos de derechos humanos tenían hasta el 27 de enero para apelar la sentencia. Las autoridades locales recibieron protestas y presiones, desde las del gobierno canadiense hasta las del propio gobierno nigeriano, en las que se exigía un segundo veredicto. Inclusive, el mismo juez que la había condenado, Idris Usman Gusau, suspendió la sentencia por 12 meses, para que ella pudiera criar a su hijo. La declaración se tomó como un signo de benevolencia hacia Bariya y sus defensores para que pudiesen preparar una correcta apelación.
Sin embargo, intempestivamente se resolvió el cumplimiento de la condena y Bariya recibió 100 golpes con caña de azúcar en el tribunal musulmán de su propia ciudad, Tsafe, que hizo una reducción de la pena -de 180 a 100- porque admitieron que se habían producido errores en el procedimiento.
Víctima de la sharia y de la pobreza
Bariya Ibrahim Magazu vive en el distrito de Magazu, en las afueras de la pequeña ciudad de Tsafe, a unos 45 minutos de Gusau, la capital del Estado de Zamfara, y trabajaba como vendedora ambulante.
Cuando se hizo evidente que estaba embarazada, sus tíos la llevaron al “magaji” (el dirigente del distrito), quien la interrogó sobre cómo se había producido el embarazo. Bariya mencionó los nombres de tres hombres, casados y de mediana edad, que podían ser los responsables. En este punto se conocieron dos versiones diferentes. Según algunas fuentes, Bariya habría sido violada por los tres hombres; según otras, ella habría sido coaccionada a tener relaciones sexuales por su propio padre, que recibía beneficios económicos de esos tres hombres.
Poco tiempo después, los “enagadi” (vigilantes islámicos) tuvieron noticias sobre el caso y detuvieron a los tres hombres, que quedaron libres de cargos tras ser interrogados. El caso fue entonces enviado al tribunal musulmán de Tsafe, que declaró culpable a Bariya por el delito de su evidente embarazo y su soltería.
Indefensos ante la sharia
Nigeria, el país más poblado de Africa, alberga una población mayoritariamente musulmana en el Norte y cristiana en el Sur. Desde que volvió a la democracia en 1999, ocho Estados en el norte del país han adoptado la sharia o ley islámica, lo que ha dividido a la opinión pública y creado temores entre la población cristiana.
La ley islámica, que contempla la amputación de las manos para los ladrones entre otras disposiciones, es considerada ejemplificadora en la región, donde la toman como un baluarte en la defensa de la moral.
Este código, que establece condenas violatorias de los derechos humanos, atenta fundamentalmente contra las mujeres. Sólo como ejemplo, vale mencionar que los tribunales musulmanes aceptan como válido el testimonio de un solo hombre frente al de dos mujeres.
Por esta misma ley, introducida en el Estado de Zamfara en enero del 2000, Musa Gummi, un hombre del pueblo de Gummi, fue condenado recientemente a la amputación de su mano por el robo de tres bicicletas. Asimismo, en el pueblo de Kaura-Namoda, dos hombres recibieron 80 latigazos por beber alcohol y otro fue sentenciado a 50 azotes y seis meses de prisión por robar una camisa. En el puebo de Dutsi, Haruna Dutsi y su esposa, Aishat, fueron castigados con 80 latigazos cada uno por falso testimonio, porque habían denunciado que un líder de la ciudad donde viven había tenido relaciones sexuales con su hija. También Garuba Bagobiri-Umguwaro y Mohammadu Danige fueron sometidos a 20 azotes cada uno por declararse culpables de jugar por dinero.
Condena internacional y de grupos nigerianos
Grupos nigerianos y de otras partes del mundo defensores de los derechos humanos han protestado y expresado su condena por el brutal castigo a Bariya. El grupo de defensa de derechos humanos Baobab, que estaba preparando la apelación de la joven, expresó especialmente su consternación sobre lo sucedido con el desarrollo de la sentencia.
Por su parte, la directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Carol Bellamy, exigió al gobierno nigeriano una investigación y una enmienda a sus leyes para que se prohíban los castigos o la flagelación de menores de edad.
“Su caso (el de Bariya) -dijo Bellamy en un comunicado de prensa- causó un torrente de protestas en Nigeria y en el mundo, no sólo porque la muchacha declaró que el embarazo fue consecuencia de una violación, sino por la violación de sus derechos humanos al flagelarla.”
Nigeria ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe los malos tratos y otros castigos degradantes impuestos a menores de edad, informó la directora de Unicef.
La fuente: la autora es periodista del diario argentino La Nación (http://www.lanacion.com.ar). El artículo está basado en informes de Amnistía Internacional, Unicef y la organización de derechos humanos Baobab.