Condena una entidad de juristas la violación de derechos humanos por parte de Israel.
Un extenso informe de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) condena con extrema rigor la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos por parte del gobierno israelí. Los expertos conideraran indudable que el gobierno israelí es responsable de una política de terrorismo de estado que contiene numerosos elementos tipificables como crímenes de genocidio y “apartheid”.
El informe es producto de una visita efectuada recientemente a la región por tres juristas de la entidad: Beinusz Szmukler, secretario general de la AIJD y presidente la Asociación Americana de Juristas; Audrey Bomse, de la National Lawyers Guild (afiliada norteamericana de la AIJD), y Giulio Toscano, fiscal en la Corte de Apelaciones de Catania, Sicilia, y miembro del Consejo Nacional de “Magistratura Democrática.”
La delegación mantuvo numerosas entrevistas con dirigentes palestinos e israelíes, periodistas y diversas personalidades y recogió testimonios directos de muchas de las víctimas.
Las siguientes son algunas de las conclusiones a las que arribó la entidad.
Violaciones a los derechos humanos
La conclusión de la misión es que el Estado de Israel viola los derechos humanos y civiles del pueblo palestino y el derecho humanitario, en transgresión de los parámetros internacionales en la materia y a su condición de miembro de la ONU. La primera violación es al derecho de autodeterminación (art. 1º de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Desde el comienzo de la Intifada de Al-Aqsa, el 28 de septiembre de 2000, los palestinos se han implicado en una rebelión anticolonial. Israel, equipado con los más avanzados bombarderos de combate, helicópteros, tanques y misiles donados por los americanos, sin mencionar sus propias armas nucleares y el extremadamente desarrollado servicio de inteligencia con que cuenta, ha respondido atacando a un pueblo desposeído y prácticamente desarmado, que no tiene fuerza aérea, ni artillería, ni ejército. Ni siquiera Sudáfrica, en ningún momento durante el apartheid, utilizó jets F-16 para bombardear las poblaciones africanas, como ahora lo hace Israel contra los pueblos y villas palestinas.
Con cada acto de resistencia palestino, Israel escala el nivel de represión, agravando el cerco, tomando más tierras, restringiendo más los suministros, lanzando incursiones más profundas en las ciudades palestinas como Ramallah y Belén, haciendo más intolerable la vida de las víctimas de la ocupación, al tiempo que reclama que las acciones son meramente en defensa propia a fin de prevenir el terrorismo.
A continuación detallamos la lista de violaciones y la evidencia sobre la cual basamos nuestras conclusiones:
Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza
Matar intencionalmente o causar sufrimientos o heridas graves al cuerpo o la salud viola el artículo 147 del Cuarto Convenio de Ginebra. Durante y con anterioridad a la primera Intifada han ocurrido tales muertes y también se han infligido grandes sufrimientos. Aparentemente existe en las fuerzas armadas israelíes una orden de matar, ya que muchas de las víctimas han sido asesinadas por una sola bala en la cabeza, la espalda o el pecho. Evidencias obtenidas por la entidad de derechos humanos LAW sugieren que hay una consistente política por parte del ejercito israelí de asesinar a los manifestantes palestinos apuntando sus disparos hacia los torsos y miembros superiores.
En este sentido, sobre 6.060 personas verificadas, de las 11.363 heridas en febrero de 2001, LAW documentó que 1.440 fueron heridas en el cuello y la cabeza y 2.014 en el pecho y abdomen. Muchos de los padres de las jóvenes víctimas asesinadas por los soldados israelíes en Gaza, testificaron que sus hijos fueron alcanzados por balas dum-dum, utilizadas para dispersar manifestaciones. Mohammed Nasr al-Tawli testificó que su hijo de 18 años fue muerto por disparos el 13 de noviembre de 2000, mientras iba a ayudar a un amigo que había sido baleado. Con anterioridad a los disparos no hubo ninguna forma de confrontación violenta en el área.
Se informó la muerte de varios jóvenes mientras asistían al funeral de un amigo, a uno de los cuales, de acuerdo con su padre, se le disparó por la espalda con una bala dum-dum. La mayoría de las víctimas jóvenes fueron muertas tirando piedras a soldados, quienes a menudo se encontraban en instalaciones fortificadas donde no podían ser heridos. Hemos visto una de las zonas utilizadas comúnmente por los jóvenes para lanzar piedras a un puesto militar fortificado que estaba a una distancia considerable (al menos a 1000 metros). Aunque no existe posibilidad de que las piedras lanzadas desde allí puedan golpear a los soldados en sus distantes fortalezas, cinco jóvenes, incluyendo Abdel Mukhranah, con cuyo padre hablamos, han sido muertos en este punto.
La delegación visitó la casa de Iman Hijo, en Khan Younis, donde, sin aviso, tropas israelíes bombardearon un área residencial, impactando una casa adyacente al principal mercado, y matando a un bebe de tres meses en los brazos de su madre. Conocimos a un niño, de cerca de 4 años, herido en ese mismo ataque militar, quien todavía tiene profundas cicatrices en su cabeza y estómago. En una casa de departamentos de varios pisos, adyacente, con innumerables impactos de munición en su frente, había un gran letrero en hebreo e inglés que decía: Atención: aquí viven familias.
Estos disparos y bombardeos sobre barrios civiles constituyen una violación del Cuarto Convenio de Ginebra, el que establece que debe hacerse una distinción entre civiles y militares. Incluso cuando hay una necesidad militar, la fuerza utilizada debe ser proporcional a la amenaza.
El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza ha sido constante contra palestinos tanto en el marco de manifestaciones como fuera de ellas. La mayoría de las manifestaciones parecen haber comenzado pacíficamente, y a menudo se volvieron violentas luego de la provocación de los soldados o colonos israelíes, finalizando con el uso de fuerza letal por parte de las Fuerzas de Defensa Israelies (FDI). La mayoría de los manifestantes no pacíficos, heridos o muertos, habían usado piedras contra las fuerzas israelíes, las que estaban fuertemente equipadas con protectores, incluyendo chalecos antibalas y cascos, vehículos artillados y/o tanques. Ningún soldado israelí ha resultado muerto durante las manifestaciones. Las armas y métodos utilizados durante las manifestaciones violan el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como también las regulaciones nacionales e internacionales sobre armas de fuego. Un escaso número de veces ha sido utilizado gas lacrimógeno. Cañones de agua, utilizados muy efectivamente en todo el mundo para dispersar manifestaciones, no fueron utilizados aquí ni una sola vez. En su lugar, es usada la fuerza letal, y generalmente sin previo aviso.
Restricciones a la libertad de circulación: una forma de castigo colectivo
Clausuras internas y externas separan a Cisjordania y Gaza, entre sí, de Israel y del resto del mundo. Del mismo modo, también impiden la libre circulación de un pueblo a otro. Consecuentemente, 1,3 millones de personas en la Franja de Gaza están confinadas como sardinas humanas en una área diminuta, cercada por alambrados con púas, y cerca de 2 millones en pueblos y villas de Cisjordania tienen sus entradas y salidas controladas por la FDI.
Todos los palestinos deben formar largas filas en estos puntos de control israelíes, que regularmente detienen y humillan a la gente por horas. Literalmente, millones de personas están imposibilitadas de viajar, de comprar comida, de obtener atención sanitaria. Los puntos de control varían en su ubicación constantemente, lo cual es un impedimento más para programar un viaje.
Ataf Hanani, alcalde de Beit Furik, una villa cercana a Nablús, informó al periódico israelí Haaretz que soldados de la FDI en los puntos de control que circunvalan su villa han impedido la entrada a su pueblo, y a Beit Dajan, de camiones cargados con tanques de agua y comida, afectando a un total de 11.500 personas.
Según Abdallah Ghuneim, alcalde de Al-Khader, un municipio ubicado en el área A, circunvalado por 5 puntos de control, todos los caminos hacia el pueblo, excepto el que va hacia Belén, han sido cerrados. La gente del pueblo, en su mayoría granjeros, ha sido impedida de utilizar el camino de conexión 60 para llegar a sus tierras, causando la pérdida entera de la cosecha de uvas de este año, y provocando al pueblo una crisis económica. Al no poder utilizar sus autos, mucha gente del pueblo ha alquilado burros para intentar llegar a sus tierras. El precio de los burros en Al-khader ha aumentado de 50 a 250 dinares. Mientras que el viaje en auto era de alrededor de 15 minutos, en burro demanda varias horas.
Cada persona con la que la misión se entrevistó, sin importar su profesión, edad o género, testimonió la total ruptura de su rutina diaria de vida por las clausuras constantes y arbitrarias. Por ejemplo, Shukri Nashashibi, un ex juez de Apelaciones, explicó a la delegación que hay tres jueces en las Cortes de Apelaciones Palestinas, que tienen asiento en Ramallah y atiende apelaciones de todo Cisjordania. Desde septiembre de 2000, dos de los tres jueces se han visto imposibilitados de ir desde sus hogares en Hebrón y Nablús a Ramallah, y por ello la Corte ha sido forzada a dejar de funcionar. (…)
El 2 de noviembre de 2001, sólo semanas después de que los miembros de nuestra misión partieran, el periódico israelí Haaretz reportó que un informe interno de la FDI había concluido que los puntos de control establecidos en todos los territorios no servían para su finalidad de prevenir incursiones hostiles, sino que infligían daño a las poblaciones palestinas creando fricciones entre los soldados y los palestinos, “con la posterior victimización de los últimos”. El informe, preparado por 4 altos oficiales militares israelíes, menciona varios incidentes en los que la violencia fue utilizada innecesariamente contra palestinos y casos de robo de dinero, que nunca fueron tratados fuera de las unidades comprometidas. De todos modos, el informe no recomienda desmantelar los odiosos puntos de control.
Ejecuciones extrajudiciales
Desde el inicio de la Intifada de Al-Aqsa, más de 60 palestinos han muerto en el marco de la política israelí de asesinatos selectivos, incluyendo 16 circunstanciales espectadores, considerados como “daño colateral”. A pesar de la condena internacional por la violación directa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente el derecho a la vida y el derecho al debido proceso, Israel continúa realizando esta política de asesinato de personas que considera terroristas. Incluso en una situación de conflicto armado, las personas sospechadas de realizar una actividad ilegal deben ser arrestadas y llevadas a juicio,
Inicialmente se dijo que la estrategia iba a ser empleada sólo si fuera necesario para detener a una célula terrorista en su actividad preparatoria de un atentado (llamado “bomba compacta”), una justificación irrelevante bajo el derecho internacional. Es más, las decisiones no son el resultado de una investigación, ya que la presunta evidencia reunida por la inteligencia israelí contra las víctimas de estos asesinatos no es nunca revisada por autoridades judiciales, ni mucho menos hechas públicas.
El 3 de julio de 2001, nuevas directivas fueron emitidas por Israel para permitir el asesinato de terroristas conocidos, incluso si ellos no están por cometer un atentado. Y ha sido aplicada muy laxamente a palestinos que luchan contra la ocupación, sin importar el blanco o los medios utilizados. Esto parece una extrema falta de límites para determinar quien puede ser blanco de los asesinatos.
Hay que recordar que según las normas internacionales, las acciones de resistencia, incluso violentas y armadas, a la ocupación extranjera, se consideran legítimas.
Esta política ha contribuido significativamente a la escalada de la violencia. Desde su inicio, las facciones palestinas han justificado la mayoría de sus ataques contra blancos israelíes, desde los tiroteos a las bombas suicidas, como venganza por algunos asesinatos. (…)
Confiscaciones de tierras y demoliciones de casas. Modalides de limpieza étnica
Las confiscaciones de tierras por los militares ocurren frecuentemente y son hechas en nombre de la seguridad. Qadoura Fares, presidente del Comité de Derechos Humanos de PLC, informó que en los últimos 10 años, bajo el paraguas de la paz, Israel ha confiscado tanta tierra como desde 1967 hasta 1990. El alcalde de Al-Khader, Abdullah Ghuneim, dijo a la delegación que 2.000 acres de las tierras del pueblo habían sido confiscadas por los asentamientos de expansión israelíes desde 1973. Hace sólo unos meses atrás, otros 200 acres (1000 dunams) fueron confiscados.
A veces los dueños de propiedades privadas litigan exitosamente las confiscaciones; de todos modos, las decisiones de las cortes, incluso las de la Corte Suprema de Israel, son a menudo ignoradas por el ejército. De hecho, uno de esos propietarios fue a CPDH para iniciar una demanda por la confiscación de su tierra por los militares con la finalidad de construir un camino para uso de los colonos israelíes. El CPDH contrató un abogado israelí a un costo considerable, quien obtuvo una orden de la Corte Suprema que prohibía la destrucción del hogar y la propiedad.
A pesar de ello, el 12 de octubre de 2001, los miembros de la delegación fuimos testigos de la construcción del nuevo camino que realizaban los soldados israelíes sobre la propiedad, en flagrante violación de la orden de la Corte. Eyad al-Alami, director de la Unidad de Ayuda Legal del CPDH, informó que hay, literalmente, cientos de esos casos.
Dos mil hogares palestinos han sido demolidos. La delegación observó muchos hogares y árboles demolidos en Alkara, sin aviso previo, en medio de la noche, por tractores niveladores militares, acompañados por tanques del ejército con el fin de limpiar el terreno para la construcción de un puente sólo para uso de colonos israelíes. Según los pobladores, en ningún momento hubo tiroteos hacia israelíes desde esta área. Cuando los habitantes de Alkara intentaron manifestar pacíficamente en contra de la destrucción, fueron tiroteados por los soldados; dos personas fueron heridas. Una de las mujeres cuyo hogar fue demolido, nos mostró todos sus alimentos destruidos, sus muebles, incluyendo una cocina y un televisor tirados en medio de los escombros. Esta fue la segunda vez que su casa fue demolida por soldados. Se nos dijo que, debido a la proximidad de los soldados, la gente tiene miedo de salir por las noches.
El suministro eléctrico y de agua de los hogares adyacentes fue cortado durante tres días. Uno de los residentes de un hogar cercano fue el doctor Abdul Karim Abdeen, director del Ministerio Palestino de Vivienda. El frente de su casa fue bloqueado por basura y escombros amontonados allí por tractores niveladores, impidiendo que sus hijos vayan a la escuela e imposibilitando sacar su auto para ir a trabajar. Todos los niños que vimos se veían agotados por falta de sueño.
La delegación conversó con Salma Abu Rizeq, una anciana cuya casa en Alkara fue destruida dos veces por el ejército y obligada a vivir en una primitiva carpa provisional. Ante la vista de los soldados, orgullosamente nos dijo que lo más importante es no dejar la tierra. “Es nuestra tierra natal.” Aunque su carpa ya fue destruida en otra oportunidad por los soldados, a pesar de los pedidos de sus familiares de irse por el tremendo peligro, ella se rehusa a marcharse, insistiendo en que “incluso si muero, quiero ser enterrada bajo el suelo de mi tierra.”
Nuestra visita terminó cuando el hermano del señor Rizeq llegó y suplicó que entremos para evitar llamar la atención de los soldados cercanos.
La delegación también habló con el dueño de una casa que había quedado en pie en el área, pero cuya planta superior había sido ocupada por el ejercito israelí. La razón por la cual la casa fue exceptuada de la demolición era, supuestamente, porque la esposa del propietario es alemana. La familia que vive en la planta baja debe pedir permiso a los soldados para entrar o salir de su hogar. Dos de sus hijos, de 6 y 16 años, fueron baleados por soldados mientras iban a la escuela. El propietario, representado por el CPDH, inició una demanda en la Corte contra las autoridades militares, quienes arguyeron que la ocupación de la casa era por una necesidad militar, sin mayores explicaciones. La decisión de la Corte está pendiente. Hasta la fecha, no ha recibido ninguna asistencia de la Autoridad Nacional Palestina. En el punto de control de Tufa, la delegación observó incontables hogares demolidos y niños jugando entre la maraña de piedras y hierros, justo colina arriba de un Resort Israelí en la playa.
Establecimientos ilegales
Conforme al derecho internacional, Cisjordania y Gaza todavía son territorios ocupados. Esto fue reiterado por las Naciones Unidas el 7 de octubre de 2000. Según el Artículo 49 del Convenio, una potencia ocupante tiene vedado transferir a sus civiles a los territorios ocupados. Sin embargo, de acuerdo con LAW, todos los intentos de ilegitimar tales asentamientos ante las Cortes israelíes han sido rechazados, por razones de seguridad.
Un reciente informe emitido por el grupo de paz israelí Paz Ahora, establece que a diciembre de 2000, 400.000 colonos israelíes salpicaban el paisaje palestino: alrededor de 199.000 colonos vivían en 145 colonias en Cisjordania y Gaza y 200.000, que no son colonos ideológicos, que viven en grandes ciudades alrededor del ocupado Jerusalén Este. Son los colonos nacionalistas-religiosos los responsables de la gran mayoría de los hechos de violencia contra los palestinos.
Aunque parte sustancial de los asentamientos se han constituido sobre bases ideológico-religiosas, no todos revisten la misma situación. Sin embargo los sucesivos gobiernos israelíes han colocado a los colonos no ideológicos en una situación inverosímil, ofreciendo incentivos económicos para mudarse a Cisjordania y Gaza, aun cuando negociaban con los palestinos la devolución de los territorios ocupados.
Cuando fueron firmados los acuerdos de Oslo, había, de acuerdo a Paz Ahora, 32.750 unidades habitacionales en los asentamientos. Desde la firma de los acuerdos de Oslo, 20.371 unidades habitacionales más fueron construidas, representando un incremento del 62%. La construcción de asentamientos en el 2000, durante la administración de Barak, asciende a su máximo punto desde 1992 con 4.499 comenzadas. A finales de junio de 2001 había 6.593 unidades habitacionales en diferentes etapas de activa construcción en los asentamientos.
Los asentamientos (colonias) israelíes están ubicados estratégicamente, sobre las cimas de las colinas controlando los pueblos palestinos. Se han convertido en establecimientos paramilitares, con los colonos armados por el ejército israelí. En algunas áreas, hay maniobras conjuntas de colonos y el ejército. En otras áreas, los colonos forman parte del plantel de los puntos de control militares. Por ello, los asentamientos no sólo son ilegales, sino que además los civiles residentes en ellos están siendo utilizados para propósitos militares.
Tortura
La Corte Suprema de Israel, que había legitimado el derecho a la tortura psicológica por presuntas razones de supervivencia, recién revisó su posición, y la declaró ilegal, el 6 de setiembre de 1999, pero dejando abierta la posibilidad de que su uso fuera autorizado por una disposición legislativa. A pesar de la decisión de la Corte, Khalil M. Abu Shammata, director de Al-Dameer, nos informó sobre su renovado uso en la cárceles israelíes
De acuerdo al Comité Público Contra la Tortura en Israel (CPCTI), una ONG israelí, los métodos informados incluyen privación del sueño por largos períodos, el mantenimiento de detenidos esposados a sillas inclinadas por largos períodos, provisión insuficiente de comida, interrogatorios continuos por más de 20 horas, y permanentes golpizas a los detenidos durante los interrogatorios.
Como las matanzas, el uso de la tortura es una grave violación de la Convención Internacional contra la Tortura, al Cuarto Convenio de Ginebra y es también un crimen de guerra.
Andre Rosenthal, un abogado israelí que trabajó en el caso que condujo a la prohibición de la tortura por la Corte Suprema, describió cómo el litigio se extendió por más 5 años antes de ser resuelto.
Detenciones administrativas ilegales y cortes militares sin el derecho al debido proceso
Los civiles palestinos están sujetos a la jurisdicción de los tribunales militares israelíes. Los jueces militares pueden ejercer una gran discrecionalidad para retener personas sin imputarles ningún delito ni juzgarlos por largo tiempo y luego también sentenciarlos, sin las garantías del debido proceso. No existe la libertad condicional. De acuerdo a Qadoura Fares, presidente del Comité de Derechos Humanos del Consejo Legislativo Palestino (CLP), hay al presente 2.200 palestinos en prisiones israelíes esperando juicios militares.
Los Palestinos pueden ser detenidos hasta 18 días en ciertos casos antes de ser llevados ante un juez. (un israelí solo puede ser detenido en custodia por 48 hs. antes de ser llevado ante un juez.) un palestino puede ser detenido sin imputársele ningún delito por un periodo inicial de 30 días, que puede ser extendido por un periodo máximo de 6 meses, mientras que un israelí solo puede ser detenido sin imputación por un periodo inicial de 15 días, periodo que puede extenderse por un máximo de 15 días mas. Los detenidos palestinos pueden ser impedidos de tener contacto con sus abogados por un máximo de 90 días desde la fecha de detención por “razones de seguridad”. (Los detenidos israelíes pueden ser mantenidos sin contactar a su abogado por un total de 15 días.) Los detenidos palestinos, de acuerdo a Al Dameer, son usualmente encerrados en confinamiento solitario durante este periodo inicial de detención.
El abogado israelí Andre Rosenthal destacó un litigio actual impugnando las detenciones administrativas de largo plazo como violaciones de la Ley Fundamental Israelí, así como también por discriminación, ya que un soldado israelí recientemente ganó un caso desafiando el uso de tales detenciones administrativas de largo plazo para soldados israelíes, que están similarmente reguladas por las ordenes militares. Según Rosenthal, el tema principal en el área del tratamiento de los prisioneros palestinos, es su mantenimiento incomunicados, denegándoles el acceso incluso a sus abogados, así como también el extensivo uso de soplones. La Corte Suprema recientemente sostuvo que los detenidos palestinos no tienen que ser informados sobre sus derechos durante los interrogatorios. El resultado es que la mayoría de los detenidos no tienen idea de que tienen derecho a permanecer en silencio y a no auto incriminarse.
Qadoura Fares, Presidente del Comité de Derechos Humanos del Consejo Legislativo Palestino(CLP) informó que la utilización de detenciones administrativas por Israel fue mucho más generalizado durante la primera Intifada. Al presente, la elección táctica parece ser la de los asesinatos selectivos y matanzas indiscriminadas. Los abogados palestinos tienen prohibido entrar a Israel y no pueden visitar a sus clientes en prisión a la espera de juicio. Por lo tanto no pueden representarlos ante las cortes. Hay actualmente un caso pendiente ante la Corte Suprema presentado por el abogado Rosenthal, cuestionando la jurisdicción de las cortes militares, sosteniendo que desde el momento que un juez militar sale de su territorio no tiene ninguna jurisdicción sobre Palestina.
Israel no solo detiene administrativamente a palestinos por largos periodos de tiempo en Israel. Por los Acuerdos de Wye, Israel puede ordenar a la Autoridad Palestina arrestar a palestinos. El juez Abu Sharar, Presidente de la Corte Palestina de Apelaciones sobre Ingresos Impositivos y presidente de la Asociación de Jueces Palestinos explicó a la delegación, que este acuerdo ejerce una influencia corruptora en todo el sistema judicial palestino, ya que tales arrestos son contrarios al estado de derecho. Raji Sourani especificó que las ordenes militares Israelíes establecen el marco en el que la Autoridad Palestina debe funcionar. Israel posee el poder de veto sobre todas las leyes palestinas, incluso en el área A.
Destrucción de la economía local, desempleo forzoso y explotación del trabajador palestino
a. Destrucción de la tierra agrícola, derribo de árboles. Cerca de 150,000 olivos y arboles cítricos, que proveían la subsistencia a muchos palestinos, han sido derribados por razones punitivas o de seguridad. Además, colonos israelíes a menudo desplantan árboles y destruyen tierras agrícolas y plantaciones, con el fin de forzar a los granjeros palestinos a ceder sus derechos a la tierra. En un incidente el 2 de octubre de 2001, poco antes de nuestro arribo al área, en venganza por la muerte de una mujer colona en un camino cercano, en el Valle de Jordania colonos entraron en las tierras de la villa palestina de Bardelah con topadoras, destruyendo la tierra agrícola, el sistema de irrigación, los invernaderos y la cosecha entera. Aunque la policía fue llamada en cuanto los aproximadamente 100 perpetradores traspasaron la tierra, les tomó 9 horas llegar. De acuerdo con la a denuncia, registrada con la policía, los daños totales estimados son mayores a 150.000 dólares. Tales crímenes casi siempre quedan impunes.
b. Desempleo forzado. El director del Centro para la Democracia y los Derechos de los Trabajadores informó que desde el inicio de la intifada, aproximadamente 135.000 palestinos han sido privados del trabajo en Israel. Al presente no hay palestinos que tengan permitido trabajar en Israel. Tantos palestinos han sido encontrados en Israel sin permiso que Israel ha reabierto una antigua prisión que se había declarado inhabitable. El 85% del comercio palestino es con Israel o a través de Israel. Desde octubre de 2000, las fábricas palestinas no han podido importar insumos ni exportar productos terminados. El resultado es que más de 345.000 palestinos están desempleados. En Gaza, el 51% de la fuerza de trabajo está en esa situación. El alcalde Ghuneim, de Al-Khader, informó que el desempleo en su pueblo alcanzaba aproximadamente al 70%. Más de 1000 de los 9000 residentes del pueblo solían trabajar en fábricas israelíes, principalmente en los alrededores de Jerusalén. Ahora sólo unos pocos se escabullen ilegalmente.
c. Derechos de los trabajadores. De acuerdo al informe brindado por abogados laboralistas palestinos, bajo la ley israelí los trabajadores reciben subsidios de desempleo cuando no consiguen trabajo por circunstancias que están fuera de su control. Sin embargo, aunque los trabajadores palestinos pagan impuestos a Israel mientras trabajan allí (entre el 13 y el 32% de su salario) no reciben este beneficio. Los trabajadores israelíes reciben 13 beneficios sociales, mientras que los palestinos reciben tan sólo dos (pensión y compensación laboral), y generalmente sólo si defienden sus derechos en los tribunales. Mientras que ambos, trabajadores palestinos e israelíes, deben pagar el 1% de su salario para formar parte del sindicato, la Histadrut (la central sindical israelí) sólo actúa en la defensa de los trabajadores israelíes. d. Pobreza. Cada día de conflicto le cuesta a la economía palestina 8,6 millones de dólares (informe de la ONU). Más de 2 millones de palestinos viven debajo de la línea de pobreza. La mitad de la población tanto de Gaza como de Cisjordania vive con menos de 2 dólares diarios. La calidad de vida de los palestinos se ha deteriorado debido a este desempleo forzado; la salud, la educación, la vivienda, el consumo de alimentos, etc. Todos ellos han sufrido. De hecho, el asistir a la escuela secundaria cuesta 70 shekels (la moneda israelí, menos de 20 dólares), y muchas familias no disponen del dinero para mandar a sus niños. El 37% de los hijos de trabajadores palestinos no están en condiciones de pagar la cuota de 300 dólares por semestre para asistir a la universidad palestina.
Jerusalén oriental. Denegación de permisos de construcción. Tributación injusta.
La resolución 267 del Consejo de Seguridad condenó la conquista del Este de Jerusalén por Israel como ilegal y todas las medidas destinadas a modificar el status de la ciudad. Históricamente, Jerusalén fue parte de Cisjordania. Su economía depende del turismo interno y el internacional. Ambos ahora han cesado. Dentro de la Ciudad Antigua, un cuarto de los comercios han cerrado. Muchos de los propietarios han dejado el país, facilitando los objetivos del Estado de Israel de reducir la población palestina de la ciudad al 25%.
Ziad Hammoury, director del Centro Jerusalén para los Derechos Económicos y Sociales (CJDES), nos informó que ni siquiera Jerusalén Oriental, cuyos habitantes poseen residencia israelí, han sido exceptuados de la política de demolición de viviendas, que se constituye en una manifiesta forma de limpieza étnica. Hammoury además explicó cómo los residentes árabes originarios del Cuarto Judío de la Ciudad Antigua han sido expulsados y evacuados a los suburbios de la ciudad, debido a que las autoridades israelíes se rehusaron a darles permisos para construir en la ciudad.
A otros se les ofreció la posibilidad de construir si pagaban la extremadamente alta suma de 25.000 a 35.000 dólares por un permiso. Las casas construidas sin permiso han sido demolidas. Dieciocho años después de que esta gente fue expulsada de la Ciudad Antigua descubrieron que perderían sus derechos de residencia en Jerusalén Oriental si no podían probar que eran habitantes de la ciudad. El CJDES realizó una demanda contra el ministro del Interior y ante una decisión final favorable de la Corte, el ministro del Interior ordenó la devolución a muchos de los documentos de identidad. De todos modos, los residentes palestinos de Jerusalén Oriental que estuvieren legalmente fuera de la ciudad por mas de tres años -por ejemplo, estudiando o trabajando en EE.UU. o Jordania- , no pueden obtener de regreso sus documentos de identidad.
A pesar de la severa escasez de viviendas en Cisjordania, especialmente en Jerusalén Oriental, Israel rehusa emitir permisos de construcción a palestinos. Esto genera que muchos construyan sin permisos. Los palestinos que quieren desafiar tales demoliciones deben ir a las cortes militares, donde muchos jueces son colonos. De acuerdo a LAW, durante los últimos 34 años ha habido tal vez unas cinco o seis decisiones en favor de palestinos. Sin embargo, aun cuando los palestinos obtienen una decisión favorable, generalmente no es cumplida por los militares.
Hammoury le explicó a la delegación cómo la política de fijación de impuestos municipales de Jerusalén discrimina a los palestinos, aun cuando la alícuota es la misma para Jerusalén oriental y occidental, el 31% de los ingresos impositivos municipales son pagados por los jerosolimitanos orientales, quienes sólo reciben el 5% de los gastos municipales. El CJDES tiene una petición pendiente ante la Corte Suprema impugnando esta forma de discriminación. Es más, por muchos años, Israel no recaudó impuestos municipales y las deudas acumuladas llegan a cientos de miles de dólares. Luego, de repente, el gobierno demandó el pago de las deudas y adoptó acciones contra aquellos que no podían pagar, incluyendo la confiscación de propiedades. Los palestinos han estado siendo detenidos en los puntos de control y se les han confiscado sus autos, taxis y camiones si no podían pagar las deudas impositivas en el momento. Propietarios de comercios han sufrido la confiscación de sus mercaderías.
Hammoury nos dijo que fue la primera persona en enfrentar las regulaciones impositivas municipales de Jerusalén ante los tribunales de justicia, sobre la base de que los palestinos pagan más de lo que reciben en concepto de servicios. Como director del Comité de Tributación Municipal, lideró manifestaciones y huelgas de comerciantes, emitió declaraciones de prensa y puso en discusión el tema de la inequidad, tanto local como internacionalmente. En venganza, el recaudador impositivo de Jerusalén lo demandó para que pague 300.000 shekels (aproximadamente 75.000 cólares) en concepto de impuestos por su comercio, suma totalmente desproporcionada con la realidad. Cuando no pudo pagar, el gobierno le confiscó su mercadería, así como también su auto e incluso intentaron confiscar su casa para enviar un mensaje a los otros comerciantes palestinos que intentaran resistir el despojo.
Hammoury inició una demanda en 1997, arguyendo que la confiscación de la propiedad por deuda de impuestos sin la intervención de la Corte era ilegal. El caso está aún pendiente de solución. La Corte ha ordenado que la municipalidad negocie con él sobre el monto de su deuda y la municipalidad acordó reducirla de 400.000 a 193.000 shekels. Dijo que el sólo debía los 90.000 que era su deuda originaria en 1997, argumentó que la suma que la municipalidad le ha estado imputando era un error, pero que ha estado pagando la suma más alta debido a que los impuestos eran recaudados por Israel como ocupante, por ejemplo, soldados armados acompañaban al recaudador impositivo. De todos modos, con el fin de lograr un compromiso, acordó pagar 10.000 en concepto de intereses en tanto y en cuanto pueda pagarlos en plazps. La audiencia final está prevista para estos días. Como resultado de su lucha, fue fundado el CJDES. El Centro ahora representa a cerca de 40 comerciantes más que tienen casos similares.
Discriminación de jure y de facto
En el corazón del conflicto israelí-palestino subyace un régimen de sistemática y extremadamente institucionalizada discriminación racial, así como elementos del crimen del apartheid. Sea que los palestinos residan en los Territorios Ocupados (TO), en Israel o en el exilio, son discriminados en una multiplicidad de formas al mismo tiempo que se les niegan derechos individuales en igualdad de condiciones sobre la base de su ascendencia u origen nacional. Esta segregación racial y discriminación está programada para establecer y mantener la dominación de los habitantes no judíos, en particular los palestinos, por parte de Israel.
Las formas sistemáticas de discriminación racial extrema de Israel incluyen elementos claves del crimen de apartheid, tal como está regulado en la Convención Internacional para la Supresión y Castigo del Crimen del Apartheid, 1976.
LAW informó a la misión la reciente visita a Israel/Palestina de miembros sudafricanos del Parlamento, todos los cuales excepto dos eran blancos. Esa delegación declaró que la situación aquí era peor de lo que había sido bajo el apartheid sudafricano por varias razones, incluyendo los tipos de métodos discriminatorios y su uso generalizado, así como también el rol diferente que juega la comunidad internacional (que ve la violencia como una guerra entre dos fuerzas iguales, musulmanes y judíos). LAW recientemente publicó un informe que concluye que todos los elementos de la definición de la Convención Internacional sobre el Apartheid son satisfechos por Israel. Compara las zonas de Cisjordania y Gaza bajo el control de la AP (area A) con los Bantustans sudafricanos.
Discriminación contra quienes hablan árabe
Otra forma de discriminación contra los palestinos que fue explicada a la delegación se da en el área del lenguaje. Oficialmente, el árabe es la segunda lengua de Israel, pero no es utilizado por el gobierno, y los formularios que los palestinos tienen que llenar en su relación con la policía o con la Compañía Nacional de Seguros Sociales (CNS), están sólo en hebreo. El CJDES presentó una demanda ante la Suprema Corte por el hecho de que los empleados de la CNS cuyo trabajo era determinar si los palestinos actualmente vivían en Jerusalén y eran por ello elegibles para los beneficios, no podían hablar o leer en árabe. Todos los documentos de la Corte y de la policía están escritos en hebreo y a menudo los soldados y policías que interactúan diariamente con la población palestina no pueden comunicarse en árabe.
Violación de los derechos de los niños.
Las estadísticas concernientes a la cantidad de niños muertos durante la Intifada es extremadamente perturbadora: asciende al 32% del número total de muertos palestinos. De acuerdo a LAW, el 41% del total de personas heridas durante la intifada de Al-Aqsa han sido niños. Una altísima proporción de esos niños recibieron heridas en la parte superior del cuerpo, incluso en los ojos. Niños palestinos que son prisioneros políticos están encarcelados junto a los criminales israelíes adultos, en violación de las normas internacionales.
Las restricciones a la libertad de movimiento han deteriorado severamente el normal funcionamiento de las escuelas y de todo el sistema educativo, violando las obligaciones específicas de Israel hacia la infancia. Debido a las operaciones militares israelíes, que incluyen bombardeos y ocupaciones físicas, así como también la imposición de la clausura, toque de queda y el sitio de pueblos, muchas escuelas palestinas se han visto obligadas a cerrar por largos periodos de tiempo.
El alcalde de Al-Khader informó que las escuelas del pueblo, ubicadas en la Ciudad Antigua, cerca del Camino de conexión 60 de los colonos (área B), a la que asisten aproximadamente 2.500 estudiantes, fue cerrada por más de 2 meses. Los soldados ocuparon y dañaron las escuelas y la municipalidad no tiene el dinero suficiente para realizar las reparaciones necesarias. Luego de retirarse de la escuela, los soldados israelíes construyeron una torre de observación justo al costado de la escuela de niñas, desde la cual constantemente apuntan con las armas a las estudiantes. En el día de nuestra visita, todos los caminos que llevan a la escuela estaban cerrados por el ejército, forzando a los estudiantes a trepar sobre las barricadas para ir a clase. LAW nos informó que en algunos casos, los maestros habían arriesgado sus vidas al caminar entre los bloques de concreto y las barreras militares establecidas en las entradas de las escuelas y pueblos palestinos.
Vimos una de las cuatro escuelas en Hebrón, que fue tomada para uso militar. En Hebrón, como resultado de un sitio de 84 días durante las 24 horas en el 2000, cerca de 13.000 estudiantes palestinos fueron privados de su derecho a la educación; 28 escuelas fueron cerradas; 460 maestros no pudieron ir a trabajar. Las escuelas fueron sometidas a ataques frecuentes de los soldados y colonos israelíes. Según LAW, más de 175 escuelas en Cisjordania y Gaza fueron baleadas o bombardeadas por los soldados y/o colonos.
Interferencias a la libertad de prensa
Periodistas de Al-Quds, Al-Ayyam y Al-Khayyat testimoniaron la permanente y constante interferencia israelí. . Tres periodistas palestinos han sido muertos por las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en el ejercicio de su profesión y otros incontables han sido heridos por armas de fuego o golpeados por soldados o la policía israelí. Diecinueve periodistas han sido detenidos e interrogados por la policía Israelí. A muchos se les impide llegar a los puntos de conflicto y por ello no pueden cumplir sus deberes profesionales. Muchos han sido detenidos en las fronteras y específicamente interrogados sobre sus artículos. Especialmente son blancos de los ataques, los fotógrafos, debido a que son fácilmente reconocibles por su equipo y la insignia de prensa. A menudo, son tiroteados en zonas donde no hay otros tiroteos sucediéndose. Reporteros Sin Fronteras ha confirmado la credibilidad de estas denuncias. Sin embargo, las autoridades israelíes sólo han abierto investigación en tres de los casos.
El desempeño cotidiano del trabajo periodístico en Gaza se hace mucho mas difícil por el hecho de que los periodistas no pueden encontrarse con los jefes de sus periódicos, que están situados en Jerusalén Oriental o Ramallah. Muchas veces las reuniones del staff del periódico Al-Ayyam, por ejemplo, son llevadas a cabo en Amman, Jordania. El edificio en el que estaban las oficinas de Al-Ayyam ha sido bombardeado tres veces. Al-Quds, el periódico palestino publicado en Jerusalén Oriental, está sujeto a censura militar. Hay palabras, tales como “ocupación”, que no pueden aparecer en el periódico.
Periodistas palestinos son de opinión que las organizaciones de prensa internacionales no están haciendo lo suficiente para apoyarlos en estas difíciles y peligrosas circunstancias.
Apropiación de los derechos al uso del agua
Entre los primeros actos realizados por Israel en 1967 se encuentran la transferencia de los derechos al agua a Israel. Esto, junto con la transferencia de tierras palestinas, fue realizado con la intención de crear situaciones de hecho en el territorio que cimentaran la expansión del Estado de Israel, forzando el exilio de los pobladores palestinos, y lo colocaran en ventaja para futuras negociaciones. Así, prohibieron a los palestinos el uso del agua del río Jordan, y lo que es aún más tremendo, desde las colonias le enviaban a los palestinos las aguas servidas, lo que generó la aparición de mosquitos y enfermedades. La situación se agravó desde la Intifada de al-Aqsa, con la destrucción de más de 40 grandes tanques de reserva, haciendo que ahora los palestinos tengan como única fuente el agua de lluvia.
Israel controla casi el 80% de los recursos de agua palestinos. De acuerdo a las estadísticas del Palestinian Hydrology Group, cada colono israelí del Cisjordania consume 800 litros de agua por día, mientras que cada palestino consume 30. Esto incrementa mucho los problemas de salud y pobreza de los palestinos.
Impedimentos para el funcionamiento de la Autoridad Nacional Palestina Aunque por los acuerdos de Oslo grandes porciones del Cisjordania y la Franja de Gaza están teóricamente bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina, la infraestructura de ésta ha sido dañada por los ataques y restricciones de movimiento, impuestas por los militares israelíes. Un oficial del Ministerio de Justicia explicó cómo la ocupación y el control continuo de Israel sobre los caminos y rutas aéreas hacen imposible para los funcionarios gubernamentales palestinos ir desde Gaza a Cisjordania. Además, clausuras internas de pueblos y ciudades hacen que sea imposible para los ministros cumplir sus funciones, debido a que a menudo toma horas llegar de los hogares al trabajo y regresar. A veces, el viaje es totalmente imposible. Por ejemplo, cuando estuvimos en Alkara, uno de los residentes con el que hablamos fue el doctor Abdul Karim Abdeen, director del Ministerio de Vivienda palestino. El frente de su casa estaba bloqueado por basura y escombros amontonados allí por tractores niveladores del ejército israelí durante un operativo de demolición de viviendas palestinas, imposibilitando que sus hijos vayan a la escuela y que él sacara el auto para ir a trabajar.
Conclusiones Las violaciones de derechos humanos descriptas singularmente, cuando se visualizan en conjunto evidencian indudablemente una política de terrorismo de estado que contiene numerosos elementos de los crímenes de genocidio y “apartheid”. Parece conveniente recordar las definiciones de esos delitos.
Conforme a la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” (1948), “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (art. 2)
De acuerdo al artículo II de la “Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de aparhteid” (1973), la expresión “crimen de aparheid”, incluye “las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial tal como se practican en el Africa meridional, denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y oprimirlo sistemáticamente:
a) la denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona: I) mediante el asesinato de miembro de uno o más grupos raciales; II) mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; III) mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales;
b) la imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
c) cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educación el derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir la población según criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes raíces pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos;
e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en especial sometiéndolos a trabajo forzoso;
f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades fundamentales.
La delegación debe resaltar que en ninguna de las múltiples reuniones, entrevistas y conversaciones con palestinos, percibió alguna expresión genéricamente antijudía (no podría ser antisemita, porque los árabes también son semitas). Todas las críticas y protestas que escuchó siempre hacían referencia al gobierno israelí, a sus dirigentes, a los soldados y a los colonos. Ello no quiere decir que no existan personas y grupos que mantengan posiciones globalmente antijudías, pero han de ser muy minoritarios, porque con los que tuvimos contacto son representativos de la mayoría.
Tenemos la convicción de que la paz en Medio Oriente requiere el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, y el respeto de los pactos internacionales de derechos humanos y el derech