DATOS DEL PAIS Enfrentados a un país donde 8 millones de personas no tienen hogar y casi 5 millones son seropositivos, algunos tratan de pintar la desigualdad que se profundiza como un inevitable legado del apartheid racista. En realidad, es el resultado directo de un programa económico de “reestructuración” llevado a cabo por el actual gobierno, y nutrido por el Banco Mundial y el FMI. Cuando el ANC llegó al poder, se ejerció una enorme presión sobre el partido para que comprobara que podía gobernar con “políticas macroeconómicas sólidas”. Si Mandela intentaba una auténtica redistribución de la riqueza, los mercados internacionales responderían. Muchos en el partido temieron que un derrumbe económico en Sudáfrica se usaría como una acusación contra el mandato negro en sí. Así que, en vez de su política de “crecimiento a través de la redistribución”, el ANC adoptó el programa económico que agradara a los inversionistas extranjeros.
Por Naomi Klein
Thabo Mbeki, presidente sudafricano. 
“El apartheid basado en la raza fue reemplazado por un apartheid basado en la clase social”, dice Trevor Ngwane, uno de los que encabezan el movimiento anti apartheid económico en Sudáfrica.
El sábado por la noche estuve en una fiesta en honor de Nelson Mandela y para juntar fondos para una fundación en pro de la niñez (todavía no sé cómo fui a parar ahí). Fue un lindo asunto y sólo una persona muy grosera podría haber dicho que la fiesta estaba repleta de ejecutivos, banqueros y mineros que se rehusaron a sacar sus inversiones de la Sudáfrica del apartheid durante décadas.
Mandela estuvo en Canadá la semana pasada para recibir el más alto honor que ofrece mi país: fue la segunda persona en nuestra historia en ser convertida en ciudadano honorífico. Así que sólo alguien sin conciencia del momento hubiera mencionado que el mismo gobierno que le rendía honores a Mandela está impulsando un proyecto de ley antiterrorista que, de haberse aplicado hace unos años, habría saboteado el movimiento anti apartheid (muchos países están pasando leyes similares).
Aquí en Canadá, y en otros lugares, el movimiento anti apartheid juntó fondos para el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), el cual fácilmente hubiera entrado en las resbaladizas definiciones de organización terrorista de la mayoría de los proyectos de ley que circulan en el mundo. Y más aún: los activistas anti apartheid intencionalmente causaron una “seria perturbación” a las actividades de las compañías que invertían en Sudáfrica, y eventualmente forzaron a muchas a retirarse. Estas interrupciones también hubieran sido ilegales bajo las propuestas leyes antiterroristas. Y luego está el pequeño detalle de que muchos en Sudáfrica insisten en que el apartheid aún existe, y que requiere de un nuevo movimiento de resistencia, con nuevas perturbaciones. A principios de mes, en Londres, conocí a Trevor Ngwane, ex miembro de un consejo municipal del ANC, que está entre los que encabezan el nuevo movimiento. “El apartheid basado en la raza ha sido reemplazado por un apartheid basado en la clase social -dice Ngwane-. Somos la sociedad más desigual del mundo”.
Enfrentados a un país donde 8 millones de personas no tienen hogar y cerca de 5 millones son seropositivos, algunos tratan de pintar la desigualdad que se profundiza como un triste pero inevitable legado del apartheid racista. Ngwane dice que es el resultado directo de un programa económico específico de “reestructuración” llevado a cabo por el actual gobierno, y nutrido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cuando Mandela fue liberado de la prisión, su visión era de una Sudáfrica que ofrecía libertad económica, al igual que democrática. Las necesidades básicas de vivienda, agua potable y electricidad se cubrirían por medio de programas públicos masivos.
Pero cuando el ANC llegó al poder, escribe el profesor surafricano Patrick Bond, en su nuevo libro Contra el apartheid global (University of Cape Town Press), se ejerció una enorme presión sobre el partido para que comprobara que podía gobernar con “políticas macroeconómicas sólidas”. Quedó claro que si Mandela intentaba una auténtica redistribución de la riqueza, los mercados internacionales responderían. Muchos dentro del partido, comprensiblemente, temieron que un derrumbe económico en Sudáfrica se usaría como una acusación no sólo contra el ANC, sino contra el mandato negro en sí. Así que, en vez de su política de “crecimiento a través de la redistribución”, el ANC, especialmente bajo la presidencia de Thabo Mbeki, adoptó el programa económico hecho bajo el mismo molde que consistía en tratar de que “creciera” la economía agradando a los inversionistas extranjeros: privatizaciones masivas, despidos y reducciones en los salarios en el sector público, recortes en los impuestos a la inversión privada, y cosas por el estilo.
Los resultados son devastadores. Desde 1993 se han perdido medio millón de empleos. Los salarios del 40% más pobre de la población disminuyeron en 21%. Las zonas pobres han visto cómo se incrementa el costo del agua potable en 55%, y de la luz hasta en 400%. Muchos han recurrido a tomar agua contaminada, lo que llevó a un brote de cólera que infectó a 100 mil personas. En Soweto, a 20 mil hogares les cortan la luz cada mes. ¿Y las inversiones? Aún las están esperando.
Este es el tipo de historial que ha vuelto unos parias internacionales al Banco Mundial y al FMI, y llevó a miles a las calles afuera de las reuniones en Ottawa el pasado fin de semana, con “manifestaciones solidarias” en el mundo, incluyendo una en Johannesburgo.
Hace poco, The Washington Post narró la desgarradora historia de una residente de Soweto, Agnes Mohapi, atrapada en las batallas privatizadoras en Sudáfrica. El periodista observó que “dentro de toda su miseria, el apartheid nunca hizo esto: no la despidió de su empleo, no incrementó su cuenta y después desconectó su servicio cuando inevitablemente ya no pudo pagar. ‘La privatización hizo eso’, dijo (Mohapi)”.
Ante este sistema de “apartheid económico”, el nuevo movimiento de resistencia comienza a prender. Hubo una huelga general de tres días contra la privatización en agosto, programada al mismo tiempo que la Conferencia Mundial contra el Racismo, para así avergonzar al gobierno. En Soweto, trabajadores desempleados reconectan el agua potable que fue suspendida a sus vecinos y la Comisión de la Crisis de Electricidad de Soweto ha reconectado ilegalmente la luz a miles de hogares. También llaman a los residentes de Soweto a boicotear sus cuentas de luz hasta que los precios estén bajo control.
¿Por qué los policías no arrestan a estos activistas, quienes, después de todo, están causando una “seria perturbación” (lo cual aparentemente es lo mismo que terrorismo)? “Porque -dice Ngwane- cuando desconectan la luz de los policías, también la reconectamos”.
La fuente: Masiosare, revista de política y sociedad de La Jornada (http://www.jornada.unam.mx). Traducción de Tania Molina Ramírez.