La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) criticó la “doble moral” de la administración española con respecto a Irak, señalando que entre 1997 y 2001 denegó el 99 por ciento de las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos iraquíes, mientras que “defiende que el bombardeo y la invasión de Irak se justifican por la crueldad y la amenaza que encierra el régimen de Saddam Hussein”.
La CEAR recuerda que a España llega sólo un número muy reducido de demandantes de asilo iraquíes, dado que la mayoría busca refugio en Alemania, Reino Unido y Suecia. A pesar de ello, de los 583 iraquíes que solicitaron asilo en las citadas fechas, el gobierno español sólo concedió esta medida a 6, lo que supone un 1,02 por ciento.
En cuanto al último año del que se tienen datos completos, el 2002, del total de 6.203 solicitantes de asilo en España, 82 eran iraquíes, lo que representa el 1,3 por ciento. El año anterior, estas cifras fueron de 73 iraquíes entre los 9.490 solicitantes en total; de ellos, 33 hicieron la petición en territorio nacional y 40 en la frontera (puertos y aeropuertos).
Asimismo, según el último informe de ACNUR citado por la CEAR, Irak fue en 2002 el principal país emisor de refugiados, con un total de 43.933, lo que supone un 13,94 por ciento del total de personas que salieron de sus países para pedir protección a otros Estados.
La CEAR recuerda asimismo que además de las “incalculables pérdidas” en vidas humanas, infraestructuras y propiedades, una eventual invasión de Irak “provocaría una masiva salida de refugiados, que Naciones Unidas ha estimado en más de un millón y medio (al menos 600.000 en los primeros días de guerra), y que desbordaría completamente la capacidad de las organizaciones humanitarias y dispositivos desplegados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Esta organización manifiesta por ello su “rotundo rechazo” a esta guerra, por considerar que “el cauce para la solución del conflicto es la vía diplomática y los organismos multilaterales, especialmente la ONU, conforme indican los tratados y la legalidad internacional”.