Impunidad para los militares de Burundi acusados de una masacre
En septiembre de 2002, miembros de las fuerzas armadas burundesas asesinaron a unos 200 civiles desarmados en Itaba. La presión internacional hizo posible que se detuviera a algunos de los responsables del crimen, pero en una parodia judicial escandalosa, quedaron absueltos.
Amnistía Internacional (AI) condenó enérgicamente la impunidad de que se están beneficiando los miembros de las Fuerzas Armadas burundesas responsables de la matanza de aproximadamente 200 civiles desarmados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, ejecutados extrajudicialmente en la comuna de Itaba (provincia de Gitega, centro) el 9 de septiembre último.
“Una vez más queda claro que no hay voluntad de que los miembros de las Fuerzas Armadas burundesas rindan cuentas de sus actos y sean llevados ante la Justicia por graves violaciones de los derechos humanos”, declaró la secretaria general de AI, Irene Khan, citada en un comunicado de la organización.
En un principio se mantuvo un fuerte oscurantismo respecto de la masacre, pero cuando afloraron los detalles y aumentó la presión nacional e internacional fueron detenidos dos oficiales del ejército acusados de la matanza.
No obstante, lamenta AI, ambos oficiales fueron condenados por un tribunal militar únicamente por desobedecer órdenes, “delito” por el que fueron condenados a cuatro meses de prisión, que ya han cumplido. Según el fiscal militar, los civiles desarmados habían desoído la orden de abandonar la zona y podían, por tanto, ser considerados como combatientes rebeldes.
Delegación
En septiembre de 2002, poco después de la matanza, una delegación de Amnistía Internacional encabezada por Irene Khan visitó Burundi. La delegación se reunió con supervivientes, entre ellos una niña de seis años, única superviviente de su familia, así como con varios testigos y con miembros de organizaciones no gubernamentales locales que participan en el esclarecimiento de los hechos. Las cifras de la matanza oscilan, según sean las fuentes, entre 173 y 267 personas.
Los delegados se reunieron también con el presidente, Pierre Buyoya, y con otros altos responsables del gobierno, que se comprometieron a hacer justicia.
“Claramente no ha habido justicia”, afirmó Irene Khan, quien, no obstante, reconoció: “Aunque estemos extremadamente en desacuerdo con el resultado del juicio, no podemos decir que estemos sorprendidos. La incapacidad para investigar con prontitud, para que se informe completamente de los hechos y para que se lleve ante la justicia a los miembros de las Fuerzas Armadas sospechosos de graves violaciones de los derechos humanos es casi absoluta”, añadió Khan.
En un principio, las autoridades aseguraron que las víctimas habían muerto a causa de un fuego cruzado entre el ejército y los combatientes rebeldes del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD).
A medida que los detalles se han ido conociendo, ha ido quedando claro que el ejército fue el único responsable de las muertes y que el CNDD-FDD ya había dejado el área cuando sucedieron los hechos. Asimismo, se ha podido establecer que la población civil fue un objetivo deliberado y que la mayoría de las víctimas fueron tiroteadas a quemarropa. Otras personas recibieron disparos cuando intentaban huir o fueron quemadas vidas en sus casas, en las que se habían ocultado.
Pese a que las Fuerzas Armadas burundesas admitieron los crímenes -prosigue Amnistía- “por razones que aún no están del todo claras se retiraron los cargos de asesinato” y en su lugar se presentaron acusaciones de menor grado, como “falta de solidaridad pública” y “violación de órdenes militares”.
Absueltos del primer cargo, los militares detenidos fueron declarados culpables del segundo, en particular por no haber presentado a sus mandos un informe sobre los hechos y por desobedecer la orden de combatir a los rebeldes de la zona, un delito que quedó en evidencia por su ataque a las poblaciones civiles desarmadas.
El fiscal militar arguyó que dado que los civiles habían recibido la orden de abandonar la zona cuando se detectara la presencia de rebeldes, los que decidieron quedarse en sus casas podían ser calificados correctamente de combatientes.
Matanzas del ejército
Según Amnistía, la matanza de Itaba fue una de las masacres cometidas por las Fuerzas Armadas de Burundi sólo en el último año. En 2002 fueron ejecutados más de medio millar de civiles desarmados, incluidos niños. A pesar de ello, muy pocos soldados han sido juzgados por estos hechos, y cuando sí lo fueron recibieron condenas desproporcionadamente indulgentes, lo cual, a juicio de AI, “no sólo constituye un insulto, sino que sirve para reforzar la impunidad militar”.
En ese sentido, Amnistía considera que la jurisdicción militar no es capaz de hacer justicia y que esta debilidad de los tribunales militares se debe sobre todo a la tolerancia de las más altas autoridades del país, que no tienen intención de admitir ni de condenar las violaciones de los derechos humanos perpetradas por sus Fuerzas Armadas.