Los negocios no tan ocultos de la guerra
A unos días de los ataques del 11 de septiembre contra el Pentágono y el World Trade Center, el Congreso norteamericano aprobó un paquete de emergencia por 40 mil millones de dólares -del cual la mitad estaba destinada a la reconstrucción y la otra mitad era para el combate al terrorismo. Pero los mayores beneficiarios de esta generosidad no serán las familias de las víctimas ni las comunidades que sufrieron los efectos de los ataques: serán los gigantes contratistas de la fabricación de armas como Raytheon y Lockheed Martin. El Congreso norteamericano ha librado un cheque en blanco al Pentágono, sin importar si los fondos aseignados se relacionan o no con la lucha antiterrorista.
Por William D. Hartung
Misil disparado contra Afganistán. 
El Pentágono ha pedido poder hacer uso de la parte del león, equivalente a 20.000 millones de dólares fijados para financiar las primeras etapas de la guerra que el presidente Bush propuso contra el terrorismo. Pero eso es sólo el principio.
El Congreso está a punto de firmar un incremento por 18.400 millones de dólares para el presupuesto del Pentágono, solicitado a principios de año, y pretende aprobar otro aumento adicional de hasta 25.000 millones de dólares. Christopher Hellman, del Centro de Información para la Defensa, ha sugerido que el gasto militar para el año fiscal 2002 podría llegar a 375.000 millones de dólares, lo que implica un incremento de 66.000 millones sobre el presupuesto de 2001. El subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, ha explicado que los incrementos de este año serán sólo “un primer pago” previo a mayores aumentos a largo plazo que el Pentágono buscará para combatir en este nuevo tipo de guerra.
Otra cosa sería si estas masivas sumas se estuvieran dirigiendo cuidadosamente hacia proyectos que podrían contribuir a reducir el terrorismo o castigar a los responsables de los recientes ataques. Pero como un funcionario de la Defensa señaló al cotidiano industrial Defense News, estos nuevos fondos “no tendrán nada que ver con los esfuerzos de rescate o emergencia ni tampoco con la represalia en respuesta a los ataques del 11 de septiembre”. En cambio -agregó- el dinero se destinará a la “lista de pedidos de cosas que se tendrán para años venideros” en el Pentágono.
Joseph Cirincione, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, resumió recientemente la actual política de Washington sobre el gasto militar en el diario The Boston Globe: “Algunos están usando la tragedia para justificar los programas existentes, pegándole la etiqueta de ‘antiterrorista’ a la defensa misilística y a incrementos presupuestales inéditos”.
Ciertamente, este es un buen momento para insistir en dichos programas. Como lo admitió al diario The New York Times el encargado de presupuestos de la administración Clinton, Gordon Adams, quien actualmente está en la Universidad George Washington, “el Capitolio está preparado para hacer lo que sea que el Pentágono pida”.
Al corto plazo, el equivocado esquema de defensa misilística de la administración Bush tiene todo para ganar de la nueva actitud pro militar del Capitolio, pese a que los ataques del 11 de septiembre subrayaron uno de los argumentos centrales de los críticos del sistema: que Estados Unidos enfrenta una amenaza más inmediata de ataques terroristas de bajo nivel tecnológico, que de misiles balísticos de largo alcance. Una asignación por 1.300 millones de dólares fue aprobada sin dificultad en el Congreso recientemente, y el costo total del programa podría alcanzar 240.000 millones de dólares en las dos próximas décadas.
Otros probables beneficiarios del nuevo estado de ánimo pro militar son programas como el del avión de guerra Osprey V-22, proyecto plagado de escándalos y que ha estado vinculado con accidentes en los que han muerto al menos 30 miembros del personal militar norteamericano. El programa podría experimentar una resucitación con un poco de ayuda de aliados influyentes como Curt Weldon, el representante republicano por Pensilvania. Weldon, cuyo distrito es hogar de las instalaciones de Boeing en las que se fabrican los V-22, seguramente argumentará que la habilidad única del aparato en cuestión para volar indistintamente como avión o como helicóptero, será ideal para explorar zonas escarpadas en la búsqueda de escondites terroristas.
De manera similar el avión F-22, de la empresa Lockheed Martin, que con un costo unitario de más de 200 millones de dólares es la aeronave de combate más cara jamás construida, estará en una posición mucho más fuerte para evitar recortes al presupuesto si el Congreso continúa aumentando el gasto del Pentágono.
Lawrence J. Korb, funcionario del Pentágono de la administración Reagan, ha señalado que ahora el avión es obsoleto, dado que fue diseñado para combatir naves de guerra soviéticas de nueva generación que nunca llegaron a construirse. Pero eso no evitará que promotores del programa de las delegaciones de Georgia y Texas presionen para que se concedan los 70.000 millones de dólares que costará mantener el proyecto de construir 295 aparatos.
El sistema de artillería Crusader, construido por United Defense, en el distrito del representante republicano por Oklahoma y presidente de la bancada republicana, J. C. Watts, también se verá beneficiado por el nuevo entorno de ganancias del Pentágono. Se había hablado de la posible eliminación del proyecto Crusader en una de las comisiones en las que participó el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en el marco de la revisión de la defensa, con el argumento de que el sistema era demasiado aparatoso para ser trasladado fácilmente a los más probables campos de batalla del futuro. Pero con tanto dinero sobre la mesa para armas, ¿quién necesita tomar decisiones?
Más allá de los proyectos personales de legisladores clave, el Pentágono tiene su propia lista de compras para artículos que serán usados en la incipiente guerra contra el terrorismo. En su discurso del 24 de septiembre ante la conservadora Heritage Foundation, el contralor del Pentágono, Dov Zahkeim, indicó la intención de su departamento de incrementar los fondos para el financiamiento de una serie de proyectos en torno a aviones de reconocimiento, submarinos armados con misiles y municiones de alta tecnología.
Finalmente, pero de no menos importancia, contemos con los defensores en el Congreso del bombardero B-2 Stealth fabricado por Northrop Grumman, como el representante demócrata por Washington, Norm Dicks, y el representante republicano por California, Randy Duke Cunningham, en cuanto a tratar de revivir el programa de financiamiento para la construcción de 40 unidades más de estos aviones, capaces de volar en misiones de largo alcance, desde bases distantes de la zona de conflicto. El precio de cada B-2 se calcula en más de 2.000 millones de dólares por unidad.
En otra jugada que beneficiará a los principales fabricantes de armas, la administración Bush ha hablado de acelerar las ventas de armas a Medio Oriente y Asia del sur, incluyendo tratos pendientes para transferir aviones F-16 de Lockheed Martin a Omán y a los Emiratos Arabes Unidos, y para la venta de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS, por sus siglas en inglés y fabricados por la misma empresa) a Egipto. También se contemplan posibles exportaciones a Pakistán de refacciones para sus F-16, aviones de transporte C-130, y naves de reconocimiento P-3 comprados por esta nación (todos ellos productos de Lockheed Martin). Tal y como lo hizo su padre tras la Guerra del Golfo, el presidente Bush planea vender armas a cambio de apoyo político y militar en su guerra contra el terrorismo.
Esta avalancha de nuevos gastos en armas exige la pregunta más amplia de si respuestas militares a gran escala a la violencia terrorista son apropiadas o efectivas. Como señaló el ex funcionario del Pentágono Jospeh Nye, de la Escuela Kennedy sobre gobierno de la Universidad de Harvard: “Suprimir el terrorismo es algo muy diferente de una campaña militar. Requiere de trabajo civil continuo, paciente y carente de dramatismo, y de una estrecha cooperación con otros países”.
Si el acelerado gasto del Pentágono no termina pronto, los fondos, la energía y la atención necesarios para un enfoque más inteligente para prevenir el terrorismo se verán desviados hacia un estrecho esfuerzo militar, que con toda probabilidad, hará más daño que bien.
La fuente: William D. Hartung es investigador adjunto de alto nivel en el Instituto de Política Mundial en la universidad de New School en Nueva York. Su nota, cuya traducción pertenece a Gabriela Fonseca, fue publicada previamente por el diario mexicano La Jornada (www.jornada.unam.mx).